Estados Unidos volvió a incluir a Chile en su Priority Watch List, la categoría más sensible del informe Special 301 para países a los que Washington acusa problemas relevantes en propiedad intelectual.

El reporte 2026 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, publicado el 30 de abril, dejó a Chile en ese grupo junto a otras siete economías. No implica sanciones automáticas, pero sí una señal política que suele influir en la conversación sobre inversión, innovación, tratados y acceso a medicamentos.

En el caso chileno, la USTR insiste en observaciones ya conocidas. Su resumen por país apunta a una protección que considera insuficiente para productos farmacéuticos y agrícolas, además de cuestionamientos a la implementación de compromisos asumidos en el tratado comercial bilateral. El informe también menciona reparos sobre patentes, medidas tecnológicas vinculadas a derechos de autor y acciones contra la piratería y la falsificación.

Washington sostuvo que seguirá monitoreando cambios legales y regulatorios en Chile. El mensaje no es menor: aunque el informe no abre por sí solo una represalia comercial, sí reinstala presión sobre un terreno delicado, donde chocan exigencias de la industria, regulación local y debates sobre acceso.

Para Chile, la permanencia en esta categoría vuelve a abrir una discusión incómoda. Una parte de las críticas se concentra en estándares que Estados Unidos vincula a protección de innovación y datos de prueba, especialmente en el sector farmacéutico, un área donde cualquier ajuste suele tener efectos económicos y políticos más amplios.

La publicación del Special 301 coincidió con la declaración de la USTR de que la protección efectiva de estos derechos sigue siendo clave para la competitividad estadounidense. En ese marco, Chile no salió de la zona de observación dura.

Fuente: USTR, comunicado oficial del 30 de abril de 2026; 2026 Special 301 Report, sección Chile.