Noboa decreta estado de excepción por 60 días en nueve provincias de Ecuador: sin toque de queda, pero con allanamientos libres
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias y cuatro cantones del país, en una nueva ofensiva contra la violencia criminal. La medida no incluye toque de queda, pero suspende dos garantías fundamentales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.
El Decreto Ejecutivo 353, emitido el 2 de abril de 2026, rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, más los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
Qué habilita el decreto
La suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia autoriza a la fuerza pública a realizar allanamientos e intervenciones de comunicaciones cuando existan indicios de presencia de grupos armados organizados, armas, explosivos u otros elementos vinculados a delitos graves.
El decreto señala que estas actuaciones deben ejecutarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso. También ordena el despliegue coordinado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las zonas incluidas.
Según medios ecuatorianos, el decreto se apoya en un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia que describe un escenario de violencia armada estructural que, según el gobierno, supera la capacidad de respuesta del Estado bajo el régimen ordinario.
El patrón que se consolida
El nuevo estado de excepción confirma la continuidad de la estrategia de Noboa para enfrentar la crisis de seguridad mediante medidas extraordinarias. Es, sin embargo, un mecanismo que ya acumula varios ciclos: cada decreto amplía el alcance territorial o modifica las garantías suspendidas.
Eso reabre la discusión sobre el uso reiterado de herramientas excepcionales que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad y restringen garantías constitucionales en nombre del combate al crimen organizado. La pregunta de fondo —si estos estados de excepción resuelven el problema estructural o solo gestionan la emergencia— sigue sin respuesta clara.