La búsqueda de Galvarino Apablaza escaló en Argentina: tras fracasar el operativo para detenerlo y extraditarlo a Chile, el Ministerio de Seguridad ofreció 20 millones de pesos argentinos a quien entregue información útil para ubicarlo.

La orden de captura había sido firmada el 31 de marzo por la jueza María Servini, subrogante del juzgado que tramita la causa. El documento instruyó la detención de Apablaza, su traslado a dependencias de la Policía Federal Argentina y su entrega a Interpol Chile para concretar la extradición.

El caso venía despejando sus últimos obstáculos. La Corte Suprema argentina ya había declarado procedente la extradición en 2010, pero ese mismo año la Comisión Nacional para los Refugiados le otorgó estatus de refugiado a Apablaza, congelando el proceso. Esa protección fue revocada y, el 10 de febrero de 2026, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la pretensión de su defensa. Luego, el 12 de marzo, la Cancillería argentina concedió definitivamente la extradición.

Con ese escenario, el tribunal autorizó el allanamiento del domicilio de Apablaza en Moreno, provincia de Buenos Aires, con participación de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol y apoyo de la División Antiterrorismo de la Policía Federal. El procedimiento debía ejecutarse el 1 de abril. Cuando los efectivos llegaron, Apablaza ya no estaba.

La Cancillería chilena confirmó el fracaso del operativo y pidió a Argentina realizar “los mayores esfuerzos” para concretar la detención del exfrentista, requerido en Chile por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991.

La nueva fase: recompensa pública

El 3 de abril, el Ministerio de Seguridad argentino activó su Programa Nacional de Recompensas y ofreció 20 millones de pesos argentinos por datos que permitan localizar y capturar a Apablaza. La información puede entregarse de forma anónima a través de la línea 134.

La medida confirma que el caso dejó de ser solo un expediente judicial: ahora es también una búsqueda pública de un requerido que, con la extradición ya concedida, logró desaparecer antes de ser arrestado.

Fuentes: resolución judicial argentina del 31 de marzo de 2026; Cancillería de Chile, 1 de abril de 2026; Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de Argentina, 3 de abril de 2026.