Arica, 28 de marzo de 2026. A menos de un kilómetro del paso Chacalluta, al norte de Arica, el Gobierno Regional de Tacna habilitó su propia zanja junto al control Santa Rosa. Las obras son más acotadas que las de Chile, pero apuntan a frenar la evasión de fiscalizaciones en una frontera que registra siete millones de trámites de personas al año.

Mientras Chile construye zanjas y muros con maquinaria pesada en Chacalluta desde el 16 de marzo pasado —obras a cargo del Ejército y de Vialidad— el vecino Perú no se quedó de brazos cruzados: al otro lado del límite internacional, el Gobierno Regional de Tacna también habilitó una zanja propia, aunque de menor envergadura, junto al control fronterizo de Santa Rosa.

La infraestructura peruana se ubica a menos de un kilómetro del paso Chacalluta, en la zona norte de Arica, y según las autoridades de Tacna, su objetivo es distinto al de las obras chilenas: “evitar que vehículos menores evadan fiscalizaciones, además de descongestionar el tránsito de carga pesada y agilizar el paso de vehículos y pasajeros, sobre todo en períodos de alta demanda”.

Una frontera de alto tráfico

El sector de Chacalluta es uno de los pasos fronterizos más concurridos de Sudamérica. Según estadísticas aduaneras y policiales, registra alrededor de siete millones de trámites de personas para cruzar la frontera en ambos sentidos, y un flujo cercano a los dos millones de vehículos al año.

La magnitud del tránsito explica en parte la preocupación de ambos países por ordenar y controlar el acceso, especialmente frente al aumento de la migración irregular y la actividad del crimen organizado en la zona.

Chile actúa con más urgencia

Las obras chilenas tienen un carácter más declaradamente estratégico: el Ejército y Vialidad, con apoyo de maquinaria pesada, trabajan desde el 16 de marzo en la construcción de zanjas y muros destinados a contener el ingreso irregular de personas y el paso de organizaciones criminales.

El proyecto ha generado debate a nivel nacional, con críticas de organizaciones de derechos humanos que alertan sobre las consecuencias humanitarias de un cierre más estricto de la frontera norte.

La iniciativa peruana, en cambio, está enmarcada en la gestión del flujo vehicular legal, coordinada por el Gobierno Regional de Tacna junto a otros organismos públicos.

Fuente: El Mercurio / Emol