Un duro golpe institucional recibió una de las piezas clave de la agenda económica. La Contraloría General de la República emitió objeciones que desestiman la entrega directa de dos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) a empresas privadas en la zona de Quillagua, obligando a reevaluar la implementación práctica de la Estrategia Nacional del Litio.

El pronunciamiento del organismo fiscalizador frena la adjudicación rápida que buscaba impulsar el Ejecutivo para aumentar la producción del mineral no metálico y atraer inversión privada a corto plazo. Según los criterios aplicados por Contraloría, los procesos de asignación de estos derechos sobre un recurso estratégico, cuando involucran exclusivamente a empresas privadas, requieren de un decreto supremo presidencial que establezca un procedimiento simplificado de adjudicación, el cual no estaba en vigor para estos casos.

La decisión tiene un impacto inmediato en el mercado y genera tensión en la industria minera, que esperaba una vía más expedita para destrabar nuevos proyectos. Ahora, el Ministerio de Minería deberá reestructurar la fórmula legal para adjudicar estas zonas, lo que inevitablemente sumará nuevos plazos burocráticos y retrasos en una ventana temporal donde Chile compite contrarreloj frente al agresivo avance de otros países productores.

A pesar del rechazo de estas adjudicaciones directas, cabe recordar que otros procesos sí han avanzado, como los CEOLs para el proyecto Salares Altoandinos (Enami-Rio Tinto) y Salar de Maricunga. Sin embargo, el dictamen sobre Quillagua refuerza la línea de fiscalización estricta sobre el uso y entrega de recursos estratégicos del Estado, marcando un precedente ineludible para el resto de los salares y proyectos que el Gobierno planea licitar bajo el paraguas de su actual estrategia.

Fuente: Resoluciones de la Contraloría General de la República sobre contratos CEOL, abril de 2026.