La rebaja del impuesto corporativo anunciada por el gobierno de José Antonio Kast abrió una tensión inesperada con las pequeñas y medianas empresas: mientras las grandes compañías bajarían gradualmente de 27% a 23%, las Pymes advierten que podrían perder su tasa preferencial de 12,5% y converger también a 23%.

El punto no es menor. Hoy el régimen Pro Pyme General opera con una tasa transitoria de 12,5%, beneficio que, según antecedentes tributarios vigentes para la Operación Renta 2026, se mantiene como alivio temporal para ese segmento. En paralelo, el plan económico del Ejecutivo propone reducir el impuesto de primera categoría general hasta 23% y avanzar a un sistema 100% integrado.

Ahí está la grieta política y económica del proyecto. Si el Congreso aprueba la rebaja general sin fijar un tratamiento especial permanente para las empresas de menor tamaño, la distancia entre ambos regímenes se achica hasta desaparecer. En la práctica, eso implicaría que muchas Pymes podrían terminar pagando bastante más que hoy, justo en una reforma presentada como impulso al crecimiento.

El gobierno ha defendido el paquete con el argumento de que la menor carga a la inversión, junto con incentivos al empleo formal, debiera dinamizar la economía completa. Pero ese diseño descansa en una promesa discutible: que el beneficio a las empresas de mayor tamaño se traducirá después en mejores condiciones para el resto del tejido productivo.

Los gremios pyme, en cambio, leen otra cosa. Su objeción de fondo es que el proyecto baja con claridad la tasa a las grandes empresas, pero no asegura con la misma nitidez una protección duradera para los negocios más pequeños. El resultado, sostienen, sería una reforma que mejora la competitividad tributaria en la parte alta del sistema mientras deja a los actores más frágiles expuestos a un alza futura.

Además del debate técnico, el tema tiene una carga política evidente. Kast necesita defender que su reforma no favorece solo a los grandes capitales, y la discusión sobre Pymes amenaza con transformarse en la prueba más incómoda de ese relato. Si el oficialismo no corrige ese flanco durante la tramitación, la oposición tendrá un argumento sencillo y eficaz: una rebaja tributaria vendida como reactivación podría terminar subiéndole los impuestos a quienes tienen menos espalda.

La discusión recién entra al Congreso, pero el problema ya quedó instalado. Más que una disputa contable, lo que se abre es una pregunta de diseño: si el objetivo es reactivar, ¿por qué el alivio permanente aparece primero arriba y no en el segmento que más sufre para sobrevivir?

Fuente: antecedentes públicos del plan económico del Ejecutivo, cobertura de tramitación legislativa y régimen tributario Pro Pyme informado para Operación Renta 2026.