Tomás Rau lleva poco más de un mes en el Ministerio del Trabajo y ya dejó en claro cuál va a ser su libreto para la negociación del salario mínimo: “mucha dosis de realidad”. La frase la usó dos veces en una semana. No fue un accidente.

La traducción práctica de esa frase es sencilla: el gobierno de Kast va a proponer un reajuste acotado. Nada que supere el IPC. Quizás algo menor. Y usará los argumentos que Rau ya lleva semanas adelantando: las pymes están destruyendo empleo hace 16 meses, los costos laborales han subido, y —este es el argumento más político— “el salario mínimo real para 862.000 desempleados es cero”.

No es un argumento malo. Es incluso honesto. La evidencia empírica sobre el impacto del salario mínimo en el empleo informal existe, y Rau la conoce bien: es economista laboral con doctorado en Berkeley y hizo su tesis con un Nobel. No está improvisando.

Pero el argumento tiene un costo que el ministro no menciona.

Chile llegó a $539.000 de sueldo mínimo en enero de 2026 tras un ciclo de alzas históricas que costó años de negociación. Ese monto, en términos reales, sigue siendo insuficiente para vivir en Santiago o en cualquier ciudad mediana del país. La CUT ya dijo que su objetivo no es ajustar por IPC, sino recuperar el poder adquisitivo que los trabajadores perdieron con la inflación de combustibles y el alza del costo de vida. Es una demanda legítima.

Lo que se viene es una negociación incómoda. El gobierno tiene hasta fines de abril para enviar al Congreso el proyecto de ley con el nuevo monto —la ley lo exige—. La CUT y Rau ya tuvieron una primera reunión el 24 de marzo. La mesa de negociación está instalada, pero los números aún no están sobre la mesa.

El diagnóstico de Rau sobre las pymes es real. Las empresas pequeñas que contratan trabajadores cerca del mínimo son las más frágiles frente a un alza abrupta. Pero el diagnóstico incompleto es pensar que contener el salario mínimo es la palanca para generar empleo formal. Si eso fuera cierto, Chile debería haber tenido su menor desempleo en los años en que el mínimo era más bajo. No fue así.

El empleo formal en Chile tiene problemas estructurales que van mucho más allá del costo del sueldo mínimo: tramitación burocrática, desigualdad de productividad regional, informalidad por diseño en sectores enteros, y un mercado laboral que castiga la entrada de jóvenes y mujeres. El paquete de 40 a 45 medidas que anuncia el gobierno —incluido el crédito tributario para pymes que contraten cerca del mínimo— apunta en la dirección correcta, pero llegaría después del debate, no antes.

La pregunta de fondo es cuánto cede el gobierno y cuánto cede la CUT. Rau tiene margen político para proponer un reajuste bajo: viene de un gobierno que ganó con un discurso de control del gasto y productividad. Pero tiene poco margen de credibilidad si el reajuste queda tan por debajo del IPC acumulado que el sueldo mínimo real retroceda.

Si el nuevo mínimo no alcanza al menos a compensar la inflación de 2025 —que estuvo presionada por combustibles y servicios básicos—, el gobierno habrá declarado que la “dosis de realidad” la pagan, una vez más, quienes menos tienen.

Eso también es una dosis de realidad. Solo que es más difícil de decir en la sala de prensa.

Marisol Hencke es periodista de El Vigilante.