La organización indígena que impulsó la Ley Lafkenche fue financiada durante años por una ONG cuyo 82% del presupuesto proviene del Estado noruego — el mayor competidor de Chile en la industria salmonera. El gremio chileno lo denuncia, un senador quiso legislarlo y la paradoja es tan incómoda que nadie la ha querido discutir en voz alta.

La Ley Lafkenche nació en 2008 con un objetivo declarado: proteger los derechos ancestrales de las comunidades mapuche-lafkenche sobre el borde costero. Diecisiete años después, se ha convertido en el principal dolor de cabeza jurídico de la industria salmonera chilena. Lo que pocos saben es que la organización que impulsó esa ley fue financiada durante años por dinero que, en un 82%, proviene del Estado noruego.

Noruega es el mayor productor de salmón del mundo. Chile es el segundo.

Norwegian People’s Aid y la Identidad Territorial Lafkenche

La ONG noruega Norwegian People’s Aid (NPA) —creada en 1939, activa en más de 30 países— tuvo como único socio en Chile, desde 2012, a la organización Identidad Territorial Lafkenche (ITL). Así lo reconoció la propia NPA en su reporte anual de 2014: “ITL ha sido nuestro único socio en Chile desde 2012. Ellos están luchando por sus derechos ancestrales de usar el mar y el borde costero.”

ITL no es una organización cualquiera: fue el motor detrás de la creación de la Ley 20.249. El propio documental que narra la historia de esa ley agradece en sus créditos a “Ayuda Popular Noruega”. El documento fundacional de ITL de 2009 lo dice sin rodeos: “Identidad Lafkenche cuenta con aportes económicos de Ayuda Popular Noruega, recursos que permiten el arriendo de una casa en Temuco, el financiamiento de funciones de secretaría y un presupuesto de gastos básicos para los desplazamientos de algunos de sus dirigentes.”

NPA afirma que el financiamiento directo a ITL terminó en 2014. Sin embargo, los vínculos no se cortaron: miembros de ITL se reunieron con la embajada noruega en Santiago en 2016, y en mayo de 2023 una delegación mapuche-lafkenche viajó a Noruega invitada por el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina y por la propia NPA.

El mecanismo que congela la competencia

La Ley Lafkenche creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO): zonas del borde costero que pueden ser entregadas en administración indefinida a comunidades indígenas que acrediten uso ancestral. El efecto práctico es contundente: mientras se tramita una solicitud de ECMPO, se paralizan todas las concesiones y la inversión pública y privada en el borde costero de esa zona.

El proceso tarda en promedio más de siete años. Hay más de 80 solicitudes pendientes; solo 23 ECMPO han sido otorgados. En la región de Aysén, una sola solicitud de dos agrupaciones indígenas abarcó 620.000 hectáreas, equivalente al 45% de las concesiones salmoneras de toda la región. En noviembre de 2025, la Corte Suprema anuló un proceso anterior y ordenó una nueva votación sobre esas mismas tierras.

La voz del gremio

Arturo Clément, presidente de SalmonChile, calificó la Ley Lafkenche como “probablemente una de las peores políticas públicas” implementadas en Chile, y denunció que ha sido “aprovechada por grupos activistas extranjeros” para frenar la actividad acuícola.

Ricardo García, vicepresidente de Salmones Camanchaca, fue más directo: nombró explícitamente a Noruega como financiador de organizaciones que obstruyen el desarrollo de la economía marina chilena.

Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, describió la situación como un “atrapamiento”: ONG coordinadas habrían saturado el sistema con solicitudes de ECMPO para paralizar expansiones. Recordó que el director de Greenpeace Chile llegó a declarar en el Senado que tenían recursos suficientes para detener proyectos de la industria salmonera por hasta 2.000 días.

La respuesta legislativa

El entonces diputado Miguel Ángel Calisto —hoy senador por Aysén desde marzo de 2026— impulsó un proyecto de ley para obligar a las ONG a transparentar su financiamiento. La Cámara lo aprobó; en 2025 avanzaba en el Senado. Calisto preguntó en el debate: “¿por qué una ONG reúne comunidades indígenas con la intención de solicitar Espacios Costeros, paralizando una gran parte de la actividad salmonera?”

En paralelo, durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025, algunos parlamentarios intentaron suspender la Ley Lafkenche por un año. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional.

La paradoja noruega

El conflicto de interés tiene una vuelta de tuerca adicional: las empresas salmoneras noruegas —Mowi, Cermaq, Nova Austral— también operan en Chile y tienen concesiones propias, por lo que ellas también se ven afectadas por los congelamientos de la Ley Lafkenche. El argumento de una estrategia deliberada del Estado noruego para frenar al salmón chileno no tiene prueba directa.

Lo que sí está documentado es la coincidencia de intereses: dinero estatal noruego fluyó hacia la organización que impulsó una ley que, en la práctica, restringe más a las empresas chilenas que buscan expandirse que a las noruegas que ya tienen sus posiciones establecidas. Chile y Noruega juntos controlarán el 93% de la producción mundial de salmón en la próxima década. La pregunta que el gremio salmonero chileno lleva años haciendo —y que nadie ha respondido del todo— es si eso es coincidencia.

Fuentes: Norwegian People’s Aid (reporte anual 2014), ITL (documento base 2009), El Libero, SalmonExpert, Fish Farming Expert, La Tercera, CIPER, Diario Concepción.